California es la gran esperanza verde. Está llamado a ser el mayor mercado cannábico del mundo y el que más dinero procedente de la marihuana lleve a las arcas públicas. Pero el panorama tras más de medio año de cannabis legal para uso recreativo no es tan halagüeño como cabía esperar.
Durante el segundo trimestre, California ha ingresado 74,2 millones de dólares en impuestos al cultivo (4,5 millones), consumo (43,5 millones) y venta (26 millones) de marihuana. Es un 22 % más que en los primeros tres meses del año (cuando se recaudaron 60,9 millones), pero está muy por debajo de las expectativas del gobernador, Jerry Brown, que cifraba en 185 millones los ingresos de la primera mitad de 2018 contando solo con los dos nuevos tributos que entraron en vigor el 1 de enero, los que afectan al cultivo y el consumo. En esos conceptos, sin embargo, se han recaudado 82 millones a lo largo de estos seis meses. Más de 100 millones por debajo de lo que se esperaba.
Un gris resultado que no ha sorprendido a casi nadie en el sector del cannabis californiano, pues son numerosos los problemas a los que se enfrentan los distintos actores en la transición de un sólido mercado medicinal a un sobreregulado y poco eficiente mercado recreativo. Uno que de momento, y por desgracia, no es capaz de hacer realidad la gran promesa: cortar las alas al mercado negro y reconducir ese negocio a cauces legales que supongan una contribución positiva al erario público.
Por el contrario, la falta de acceso a la marihuana legal en amplias zonas de California (donde operan prohibiciones que contradicen la norma estatal), las inmensas trabas para conseguir licencias, la enorme inversión necesaria para cumplir con todos los mandatos legales (que devora los márgenes), los duros requisitos en materia de control de calidad (que crean un cuello de botella en los laboratorios y estrangulan la disponibilidad de muchos productos), la imposibilidad de los negocios cannábicos para acceder a los servicios bancarios y los elevados impuestos (que hacen que el mercado negro siga siendo atractivo para demasiados consumidores) están haciendo que el éxito de la legalización en California no se encuentre a la altura de lo deseado. Son muchas las piedras que se están poniendo en el camino por los fallos del regulador.
Los precios no pueden competir con el mercado negro
La falta de dispensarios en amplias zonas de California y la dificultad de estos negocios para ofrecer precios atractivos, a causa de los altos impuestos y los elevados costes que implica cumplir con la regulación (derechos laborales, obtención de licencias, controles de calidad, etc.), están haciendo que un volumen preocupante de consumidores aún recurra al mercado negro.
De acuerdo con un reciente estudio, el 17 % de los californianos que compraron cannabis entre abril y junio recurrieron al menos una vez a vendedores sin licencia, y el 84 % admiten tener "una alta probabilidad" de volver a hacerlo porque "el mercado ilícito ofrece productos más baratos y sin impuestos". Según el mismo informe, una mera reducción del 5 % en la carga impositiva sería suficiente para que el 23 % de esa clientela del mercado negro se pasara al mercado legal. De hecho, son muchas las ventajas que ya cita esa mayoría de consumidores que sí compra en tiendas legales: calidad y consistencia del producto, seguridad, atención al cliente, etiquetado fiable, reconocimiento de marca, etc.
"El mercado ilícito nos supera en número", afirma Kenny Morrison, presidente de la California Cannabis Manufacturers Association. "Si vas a una ciudad al azar, encuentras cuatro tiendas legales y veinte tiendas ilegales. Y lo que es peor, esas cuatro tiendas legales están cobrando precios entre dos y tres veces más altos que las tiendas ilegales".
Gran dificultad para acceder al cannabis legal
El número de dispensarios con licencia se ha desplomado. De los 1100 que había en California antes de la legalización del uso recreativo se ha pasado a unos 410, según datos de BDS Analytics. Además, los servicios de reparto se han reducido de unos 2.000 a 116 con la aplicación de las nuevas reglas. En lo que respecta a los cultivadores, se calcula que en torno a la mitad de entre las 50.000 o 60.000 granjas de cannabis que había tuvieron que elegir entre cerrar o pasarse al mercado negro, sobre todo las más pequeñas.
Fruto de décadas de desarrollo del mercado medicinal, California tenía la mayor y más longeva industria de cannabis de todos los Estados Unidos cuando entró en vigor la legalización del uso recreativo el 1 de enero. Existía una enorme red de vínculos entre productores, distribuidores y vendedores que se ha hecho añicos al estrellarse contra dos muros: el lento y restrictivo sistema de obtención de licencias (los pocos que la consiguen no pueden hacer negocios con los cientos que aún la están esperando) y el rosario de leyes locales que, a pesar de la amplia aprobación a nivel estatal, aún restringen o prohíben la venta de marihuana en las zonas más conservadoras de la región. Según la California Growers Association, estos 'pot deserts' o desiertos del cannabis cubren el 70 % del territorio y alcanzan al 75 % de la población de California.
Se está librando toda una batalla legislativa (y pronto, probablemente, judicial) para llevar la marihuana legal a estos lugares. Una ley pretende hacer posible el reparto a domicilio, pero son muchos los que se oponen a lo que, a su juicio, sería socavar la autoridad local. En cualquier caso, la situación no tiene visos de resolverse pronto.
Un cuello de botella en los laboratorios
Antes de ponerse a la venta, los productos del cannabis deben pasar por un laboratorio que compruebe el cumplimiento de los requisitos que marca la ley en California, entre ellos la presencia de una lista de pesticidas y otras sustancias restringidas o prohibidas que se hizo aún más larga el 1 de julio y que se volverá a ampliar el 31 de diciembre.
Fruto de las estrictas normas, el coste de estos test se ha multiplicado por cuatro o cinco, según Bryce Berryessa, empresario del sector y miembro de la California Cannabis Manufacturing Association y la California Cannabis Industry Association. Un enorme gasto que las empresas tienen que restar a sus márgenes de beneficio o repercutir al consumidor, subiendo unos precios que ya de por sí no pueden competir, como se ha visto, con los del mercado negro. Además, muchos de los productos que no pasan el riguroso control de calidad se acaban vendiendo a través de cauces ilegales.
Y el problema no acaba ahí. No solo es un proceso caro y lento, sino que la ausencia de unas directrices sobre cómo se deben realizar los análisis está haciendo que los resultados varíen de un laboratorio a otro: el mismo producto puede o no salir al mercado según el test que se le aplique.
Por todas estas causas, a las que se suman trabas comunes a todos los estados donde se ha legalizado (como la falta de acceso a los servicios bancarios) y algunos eventos específicos de la región (como las sequías y los devastadores incendios), el cannabis no acaba de dar el salto esperado en California. El que está llamado a ser el mayor mercado de la marihuana, la gran esperanza verde, sufre para sortear unos obstáculos que siguen dando alas al mercado negro y mermando los ingresos que la planta puede reportar a las arcas públicas.