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El 25 de mayo, George Floyd fue asesinado por agentes de la Policía de Minneapolis, lo que ha provocado protestas como no se habían visto desde la muerte Martin Luther King. Pero a medida que se han desarrollado los acontecimientos en el último mes, está claro que Estados Unidos se encuentra en medio de un ajuste de cuentas consigo mismo que va más allá. Y la criminalización de la marihuana es una de esas cuentas pendientes.
Las desigualdades raciales han existido durante mucho tiempo en la aplicación de las políticas de drogas. Hoy, la era moderna de la prohibición de la marihuana continúa aplicándose desproporcionadamente. Anualmente, más de 650.000 estadounidenses son arrestados por violar las leyes de marihuana. Sin embargo, según un análisis de estos arrestos publicado a principios de este año por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), "los negros tienen 3,64 más probabilidades de ser arrestados que los blancos por posesión de marihuana, a pesar de las tasas de consumo comparables". Si bien las tasas nacionales de arresto por posesión fueron más bajas en 2018 que en 2010, tanto para los individuos blancos como para los negros, las disparidades raciales en esos arrestos no han mejorado; y en algunas jurisdicciones, han empeorado: 31 estados ahora tienen más probabilidades de arrestar a personas negras por marihuana que en 2010.
Por supuesto, la criminalización de la marihuana no es la única causa de las desigualdades raciales en Estados Unidos, ni es la única razón por la cual ciertos miembros de la policía continúan participando en conductas racialmente agresivas. Porque si bien poner fin a la prohibición del cannabis es importante y necesario, también debemos reconocer que hacerlo no es más que una pieza de un puzzle mucho más grande.
Una historia que perpetúa el racismo
La prohibición de la marihuana se basa en pilares xenófobos desde su núcleo más fundamental. Harry Anslinger Jr. fue el Comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos (el germen de la actual DEA) y arquitecto detrás de la prohibición del cannabis. Era conocido por etiquetar a la mayoría de los consumidores de marihuana como "negros, hispanos, filipinos y artistas", y afirmó que el cannabis "hace que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros y cualquier otro". "La razón principal para prohibir la marihuana es su efecto en las razas degeneradas", dijo también.
Estos prejuicios raciales luego fueron explotados por la administración Nixon cuando intensificó la guerra contra las drogas en 1970 y declaró que el cannabis era el "enemigo público número 1". Desde entonces, esta planta ha estado en el epicentro de una guerra que se ha librado en comunidades de color durante el último medio siglo, tomando la forma de una Policía opresiva en la que las vidas afroamericanas y latinas han demostrado no valer igual. Incluso hemos visto acciones policiales mortales, como el asesinato de Philando Castile en 2016, donde el oficial de policía explicó el tiroteo porque olió a "marihuana" en el coche y "pensó que iba a morir".
Luego está la cuestión de la propia industria del cannabis, sin duda un sector que bebe del neoliberalismo racial que se ha apoderado del país en las últimas décadas. En 2017, una encuesta de Marijuana Business Daily encontró que menos del 10% de las empresas de cannabis fueron fundadas por propietarios hispanos o afroamericanos. Y no debemos ignorar la realidad de que un puñado de capitalistas y fondos de inversión ahora se reparten la venta a gran escala de cannabis con licencia, en sistemas que excluyen en gran medida la propiedad de minorías, mientras que millones de jóvenes, pobres y personas de color continúan siendo arrestados por participar en gran parte del mismo comportamiento.
Así, mientras los gobiernos legalizan la marihuana, es necesario tomar medidas para crear una igualdad de oportunidades en la nueva industria para ciudadanos de color. Eso incluye no prohibir a personas con condenas penales crear empresas de marihuana; y también proporcionar fondos, educación, capacitación y otros recursos para ayudarles a comenzar.
¿Cómo podemos revertir esto?
Pero claramente, incluso la legalización de la marihuana a nivel federal no resolvería por completo un problema mayor: los arrestos y las prácticas policiales, en general, que atacan y victimizan a los afroamericanos y otros grupos raciales.
Se pueden barajar distintos enfoques para los gobiernos federales, estatales y locales, que incluyen disposiciones de clemencia, restitución y eliminación de antecedentes penales para acabar con la discriminación social y profesional que persigue a las personas con cargos por, simplemente, posesión de marihuana.
Nadie debería ser encarcelado por un delito de marihuana en un país donde la gran mayoría de estados ha formulado leyes para legalizarla. Y tener una condena por marihuana en los antecedentes puede dificultar la obtención de empleo, vivienda o asistencia gubernamental por el resto de la vida.
Si se considera que la marihuana no es un acto criminal, entonces es necesario detener el sufrimiento infligido a las personas por un enjuiciamiento por marihuana. Sobre todo porque sabemos que esto recae desproporcionadamente sobre las familias de bajos ingresos y las comunidades de color.
El caso de Michael Thompson
Los gobiernos deberían asegurarse de que esta restitución hacía las minorías raciales ocurra de la manera más rápida posible. Los tribunales y las fiscalías deben asumir la carga de brindar este alivio, incluso a los presos por marihuana que languidecen desde hace décadas en prisión.
Un ejemplo es el caso de Michael Thompson, que cumple una condena de 40 a 60 años en la cárcel de Muskegon, en Michigan. Se trata de otro de los muchos casos de injusticia sistémica en los Estados Unidos: lleva 25 años preso por un delito de tráfico de marihuana, está luchando contra la diabetes y no se le concede el perdón para los años que le quedan de condena. ¿Su delito? En 1994, Thompson vendió 3 libras (400 gr.) de marihuana a un informante de la Policía. Vender marihuana ahora es legal en Michigan, y Michael Thompson permanece en prisión por una acción que ya no es un delito, lo que hace que sea mucho más difícil entender por qué todavía está tras las rejas.
El problema es que en el registro posterior a los hechos que hicieron de su casa encontraron un arma de fuego. Sin embargo, Thompson no llevaba un arma de fuego al ser detenido y esta pistola pertenecía a su mujer.
Pero los tribunales en los Estados Unidos se han vuelto expertos en acumular cargos contra los acusados que legalmente califican como violentos, incluso si no cometieron un acto violento. El problema es particularmente grave ya que se relaciona con la posesión de armas, que no solo es legal en los EE. UU., sino casi un acto de patriotismo. Pero cuando se trata personas de color, si una pistola aparece, el crimen se vuelve violento al instante. Y en el caso de Thompson, como en tantos otros, el criminal no merece clemencia. Con una nación inundada de armas, el resultado es una piedra más en la gran montaña de la injusticia racial sistémica.
Solo a través de la legalización a nivel federal se terminaría con los arrestos por delitos relacionados con el cannabis, acabando de un plumazo con el pretexto número uno para miles de detenciones policiales que ocurren diariamente en comunidades de color. Si bien la legalización del cannabis por sí sola no salvará vidas, ofrece la oportunidad de cambiar el enfoque de la guerra contra las drogas hacia un enfoque de comunidad y de construcción de relaciones positivas, que nos permita acercarnos a lo que es correcto y justo. Y en eso todavía hay esperanza.